La administración estatal ha derogado mediante resolución el fondo destinado a cubrir costos de pasajes gratuitos en transporte público para personas con discapacidad y menores con diagnóstico oncológico. Al mismo tiempo, ratificó que el derecho a viajar sin abonar sigue siendo válido y constitucionalmente protegido.
El sector oficial justificó la medida planteando que «las prestaciones compensatorias establecidas en resoluciones precedentes carecen de sustento económico y normativo para proseguir». Se trata de una reestructuración en los mecanismos de asignación presupuestaria para estas prestaciones.
El acceso gratuito a transporte continúa siendo un derecho plenamente exigible, aclaró la Administración. La revocación del fondo no implica la supresión del deber estatal de concretar este derecho para colectivos en situación vulnerable.
Entidades defensoras de derechos para personas con discapacidad manifestaron su preocupación ante esta decisión. Advirtieron que cambios en los esquemas de financiamiento podrían originar obstáculos concretos al acceso material del beneficio.
Múltiples leyes nacionales consagran como derecho fundamental la movilidad sin costo para poblaciones históricamente marginadas. En los últimos años, este beneficio representó un instrumento clave en la construcción de políticas inclusivas.
El Ejecutivo aclaró que la revocación del fondo no constituye una cancelación de hecho del derecho. Resaltó que el propósito es reconstruir los mecanismos de financiamiento sobre bases más sólidas y duraderas.
Próximamente se esperan anuncios del Gobierno respecto al sistema alternativo de financiamiento que reemplazará al fondo eliminado.
Imagen: Mikhail Nilov / Pexels – Con informacion de La Nación
La Payada 
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