El Gobierno avanzó con su plan de desregulación económica al oficializar la eliminación de 58 resoluciones que controlaban distintos aspectos del comercio y la industria. La Secretaría de Industria y Comercio fue responsable de formalizar esta medida, que tendrá impacto directo en programas de financiamiento y control de precios ampliamente utilizados.

Los tres esquemas más relevantes afectados por esta derogación son Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados. El primero funciona como un sistema de financiamiento sin interés para adquisiciones de bienes de consumo. El segundo ofrece alternativas de pago fraccionado. El tercero opera como un acuerdo para mantener precios estables en artículos de la canasta básica.

La derogación forma parte de una estrategia integral de flexibilización normativa que el Gobierno impulsa desde distintas áreas. El argumento principal es que menos regulación equivale a mayor eficiencia económica, reducción de cargas administrativas y mayor competitividad para el sector privado.

Desde la perspectiva oficial, la desregulación abre oportunidades para que empresas operen con menos restricciones, reduzcan costos y eleven sus márgenes de competitividad. Esto, en teoría, debería traducirse en beneficios para consumidores y en estímulo para la inversión.

Con todo, los cambios generan incertidumbre. La derogación de las 58 resoluciones deja en suspenso cómo operarán Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados a partir de ahora. Sectores de la población que dependen de estos programas —especialmente aquellos con menores ingresos— enfrentan la incógnita de qué sucederá con su acceso al crédito y con la disponibilidad de productos a precios accesibles. La Secretaría de Industria y Comercio aún no ha detallado cómo evolucionarán estas iniciativas bajo el nuevo escenario normativo.

Imagen: Jakub Zerdzicki / Pexels – Con informacion de Ámbito

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