El paro docente convocado por CTERA generó una respuesta fragmentada en las escuelas de la Ciudad y la Provincia. Mientras algunos establecimientos se sumaron a la medida de protesta cerrando sus puertas, otros continuaron funcionando de manera limitada o regular, evidenciando posturas divergentes en el sector educativo respecto a la participación en la medida.

De forma concomitante, desde algunos espacios escolares se ordenó que no se entregara información a los inspectores nacionales. Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia de resistencia contra los operativos de fiscalización que el Gobierno despliega en el territorio educativo.

El Gobierno nacional efectúa inspecciones con el propósito de asegurar que las escuelas cumplen con una presencia mínima del 75% de su personal. Se trata de un criterio que las autoridades consideran fundamental para sostener servicios educativos básicos aun cuando hay medidas de fuerza en curso en el sector.

La instrucción de no facilitar datos a los inspectores expresa el antagonismo entre los actores involucrados: por una parte, los sectores docentes buscando impactar con su protesta; por otra, el Estado procurando limitar sus efectos en la población. Ambos bandos utilizan herramientas de control y presión.

La heterogeneidad en el acatamiento devela que no existe un posicionamiento unificado en el sector educativo. Factores locales, jurisdiccionales y organizacionales influyeron en que cada escuela tomara decisiones independientes respecto a su adhesión a la medida convocada por CTERA.

Los estudiantes y sus familias vivieron una jornada de incertidumbre. Sin información centralizada sobre el funcionamiento de cada institución, debieron tomar decisiones sobre si asistir a clase enfrentando un panorama confuso y fragmentado en el sistema educativo público de la región.

Imagen: Paolo Sanchez / Pexels – Con informacion de Clarín