Pasados dos años desde su implementación, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) sigue siendo más promesa que realidad en materia de desarrollo industrial. Aunque el programa cuenta con 27 proyectos aprobados que prevén desembolsos superiores a los 76.000 millones de dólares, la mayoría de estas iniciativas se concentra en sectores extractivos tradicionales.

Los datos revelan un panorama concentrado: la minería e hidrocarburos acaparan la porción principal de los proyectos autorizados bajo este régimen especial de beneficios fiscales y aduaneros. Esta composición cuestiona los objetivos originales de diversificación económica que motivaron el lanzamiento de la iniciativa.

El RIGI fue diseñado como herramienta para atraer capitales hacia Argentina mediante ventajas impositivas y flexibilidades regulatorias. Sin embargo, la realidad muestra una brecha entre lo anunciado y lo ejecutado. Aunque los 27 emprendimientos representan montos significativos en papel, su traducción concreta en obras, empleos y transformación productiva aún resulta incipiente.

La predominancia de proyectos extractivos plantea interrogantes sobre el impacto real en la diversificación industrial que las autoridades prometieron. Mientras que se esperaba impulsar sectores con mayor valor agregado y generación de empleo local, los números indican una orientación hacia actividades tradicionales con menor potencial de integración con otras ramas de la economía.

Con inversiones comprometidas por decenas de miles de millones de dólares, el desafío ahora radica en convertir estas aprobaciones en obras concretas. La brecha entre proyecto y ejecución seguirá siendo el indicador más relevante para evaluar el verdadero impacto del RIGI en la reconfiguración del tejido productivo argentino.

Imagen: Ricardo Olvera / Pexels – Con informacion de Ámbito