Entre los casos bajo revisión aparecen beneficiarios con múltiples propiedades, vehículos y hasta un avión, además de expedientes médicos con indicios de documentación falsificada. El crecimiento del padrón durante los gobiernos kirchneristas también quedó bajo la lupa.

El Gobierno nacional reveló nuevos hallazgos en la revisión de las pensiones no contributivas por invalidez laboral y volvió a poner el foco sobre las irregularidades acumuladas durante administraciones anteriores. En una conferencia de prensa del 27 de octubre, el vocero presidencial, Adrián Ravier, informó que se detectaron beneficiarios con patrimonios elevados y documentación médica con inconsistencias que podrían indicar maniobras fraudulentas.

Entre los casos identificados, Ravier mencionó 38 personas con dos o más vehículos, 26 con dos o más propiedades y 40 que registran al menos un inmueble de más de una hectárea. También se detectó un beneficiario que figura como titular de un avión. Estos datos surgieron del cruce de registros patrimoniales con las bases de las pensiones que están siendo auditadas.

Las irregularidades también alcanzaron la documentación médica. En Tucumán, una revisión de 27 expedientes encontró que 26 contenían historias clínicas firmadas por un mismo profesional y con estructuras prácticamente idénticas. En 18 casos se trataba de fotocopias literales en las que solamente se habían modificado a mano los nombres y las fechas. También se encontraron estudios radiológicos y análisis de laboratorio con resultados repetidos entre distintos pacientes.

El crecimiento histórico del padrón también resulta significativo: según los datos oficiales presentados por el Gobierno, las pensiones no contributivas por invalidez laboral pasaron de 75.947 en 2001 a 1.221.971 en 2023. Durante los 12 años de gobiernos kirchneristas se incorporaron 978.242 prestaciones, un aumento que ahora forma parte de la revisión sobre los mecanismos de otorgamiento y control.

En esta nueva etapa, el Gobierno informó que mantiene suspendidas 21.812 prestaciones cuyos titulares no aportaron documentación suficiente para verificar el cumplimiento de los requisitos. Los afectados cuentan con 30 días hábiles para presentar antecedentes y solicitar la revisión de su situación. La auditoría busca determinar qué beneficios fueron otorgados o mantenidos irregularmente y garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes efectivamente cumplen las condiciones para recibirlos.

Deja una respuesta

Tendencias